Funcionamiento y organización de la Administración General del Estado
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
El funcionamiento y la organización de la Administración General del Estado se sustentan por unos principios y normas básicas que rigen la actuación (interna, relación con otras Administraciones y con los ciudadanos) de la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
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Contenido
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La regulación efectuada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público necesita ser enmarcada en lo establecido en el art. 103 de la Constitución Española .
Las previsiones básicas que la LRJSP 40/2015 efectúa sobre los principios a los que debe de acomodarse toda actuación y las bases de su organización administrativa apuntalan el principio constitucional de que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho ( art. 103.1 CE ).
De igual manera, la LRJSP 40/2015 constituye norma básica para la Administración General del Estado en cuanto a la previsión constitucional conforme a cual los órganos de dicha Administración son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley ( art. 103.2 CE ).
Así, las cuestiones relativas a los principios que han de regir su funcionamiento y organización, son principios que, sobre una base común, son trasladados por cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, a su correspondiente ámbito de actividad.
Personalidad jurídica de la Administración General del EstadoLa Administración General del Estado, al igual que el resto de Administraciones Públicas, actúa con personalidad jurídica única conforme determina el art. 3.4 LRJSP , al disponer que cada una de las Administraciones Públicas de las mencionadas en el artículo 2 de la propia LRJSP actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Su capacidad de obrar viene determinada en cada momento por las potestades y competencias que tenga atribuidas, tal y como señala el art. 8 LRJSP , de manera que los órganos que la integran (de manera ordenada y jerárquica) extienden su competencia a todo el territorio nacional debido a la propia naturaleza de la Administración General del Estado, salvo en aquellos casos en los que, como prescribe el art. 8.3 LRJSP , las normas que les sean de aplicación la limiten expresamente a una parte del territorio del Estado.
Así pues, en su ámbito de actuación, determinado por las potestades y competencias que le atribuye en cada momento (pues esa delimitación es dinámica y puede ser modificada) el propio ordenamiento jurídico, la Administración General del Estado actúa con personalidad jurídica única conforme a las normas y consecuencias jurídicas que, de manera general, ello supone.
El art. 103.1 CE establece:
La Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Los principios constitucionales, como sustento que son, se han ido desarrollando y completando con el paso de tiempo, ya por sea por desarrollos normativos que se han ido adaptando al transcurso de tiempo o bien porque se han recogido las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales y europeos.
Así, en cuanto a la estructura constitucional, en el momento en que es redactada y promulgada la LRJSP , establece una estructura de principios a los que la actuación de la Administración General del Estado ha de quedar sometida tanto en su organización y funcionamiento ( art. 3.1 LRJSP ) como en cuanto a la función que fundamenta y justifica su propia existencia, que es la de servicio a los ciudadanos ( interesados en los términos del art. 3.1 LRJSP ).
El art. 3 LRJSP , sobre la base de pleno respeto al principio de legalidad (traslación de los términos con sometimiento pleno a la ley y al Derecho del art. 103 CE ), estructura los principios que la Administración General del Estado tiene el deber de respetar en su actuación, y lo hace en torno a dos...
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