Recurso directo contra disposiciones de carácter general

Autor:Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso- administrativo) y Javier Fuertes (Juez sustituto)
 
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El recurso directo contra disposiciones de carácter general es un instrumento procesal que tiene como finalidad la de eliminar del ordenamiento jurídico las normas emanadas de los titulares de la potestad reglamentaria cuando sean contrarias a derecho.

Contenido
  • 1 Finalidad
  • 2 Requisitos
  • 3 Límites
  • 4 Plazo para interponer el recurso
  • 5 Efectos de la interposición del recurso
  • 6 Recursos adicionales
    • 6.1 En formularios
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Finalidad

Las disposiciones de carácter general (los reglamentos o los Decretos Legislativos que excedan los límites de la delegación) pueden ser impugnadas de forma directa, lo que supone que el objeto del recurso contencioso – administrativo es la disposición en sí misma, cuya propia conformidad con la Ley o la Constitución es lo que se está cuestionando.

De esta forma la finalidad que se persigue con el recurso directo es la de someter al control del orden contencioso – administrativo las disposiciones generales con el objeto de eliminar las normas cuando sean contrarias a derecho, y no tanto la de resolver acerca de las pretensiones individualizadas que pudieran derivarse de una determinada relación jurídica entre el recurrente singular y la Administración (STS de 20 de junio de 2004 [j 1])

Requisitos

La propia naturaleza y finalidad del recurso directo frente a una disposición de carácter general exige la existencia de la norma cuya ilegalidad se alega y por ello es necesario, como requisito, para que la jurisdicción pueda actuar que la norma esté vigente, ya que, en caso contrario, el recurso pierde su sentido si, al tiempo de dictar sentencia, la norma reglamentaria ha sido ya eliminada, por cualquier otro medio, del propio ordenamiento jurídico (STS de 5 de febrero de 2001 [j 2], STS de 18 de febrero de 2002 [j 3]).

No es preciso el análisis y pronunciamiento judicial de si un reglamento ha de ser anulado y expulsado del ordenamiento jurídico cuando esa disposición ya ha sido derogada salvo en aquellos casos en los que la norma extienda sus efectos tras su derogación, único supuesto en el que el recurso mantiene su contenido y resulta preciso resolver sobre la conformidad, o no, de la norma objeto de impugnación (STS de 18 de mayo de 2006 [j 4] y STS de 13 de mayo de 2010 [j 5]), pueden resultar “útil o conveniente su enjuiciamiento” en aquellos casos en los que no puede descartarse una eventual aplicación del reglamento impugnado o cuando la norma derogatoria reproduce el contenido de la norma derogada (STC 385/1993, de 23 de diciembre [j 6] y STS de 28 de abril de 2000 [j 7] y de STS de 9 de diciembre de 2004 [j 8]).

Límites

La impugnación directa lo es contra la disposición de carácter general y la pretensión no puede ser otra que la anulación, por ser contraria a la Ley o a la Constitución Española 1978 (CE) , (ATC 1053/1988, de 26 de septiembre [j 9] y STS de 27 de junio de 2002 [j 10] y STS de 15 de junio de 2010 [j 11]), de la disposición impugnada. La impugnación directa de disposiciones generales no permite que el órgano jurisdiccional sustituya y ejerza las funciones propias del ejercicio de la potestad reglamentaria. Por ello, y de conformidad con lo establecido en el art. 71. 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) :

Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados (STS de 26 de noviembre de 2001 [j 12] y de STS de 28 de noviembre de 2002 [j 13]) ni es posible en recursos contra reglamentos adicionar o complementar la norma con declaraciones, relaciones nominativas o expresiones no contenidas en ella, por ser el carácter revisor de la jurisdicción contencioso – administrativa, que requiere, salvo en los supuestos excepcionales recogidos en la nueva Ley Jurisdiccional, un previo pronunciamiento administrativo al respecto (STS de 9 de junio de 1999 [j 14] y STS de 10 de abril de 2002 [j 15]).
Plazo para interponer el recurso

El plazo para interponer recurso contencioso – administrativo contra una disposición de carácter general (reglamento o Decreto Legislativo que excedan los límites de la delegación) es, conforme a lo...

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