Potestad reglamentaria del Gobierno

Autor:Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso- administrativo) y Javier Fuertes (Juez sustituto)
 
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La potestad reglamentaria es ejercida por el Gobierno junto con la función ejecutiva, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Los reglamentos son normas que, dictadas con carácter general por la Administración , se integran en el ordenamiento jurídico .

Contenido
  • 1 Delimitación de la potestad reglamentaria
  • 2 Desarrollo de la potestad reglamentaria del Gobierno
  • 3 Reglamentos y actos administrativos
  • 4 Características de los reglamentos
  • 5 Límites de la potestad reglamentaria
  • 6 Control de legalidad
  • 7 Ver también
  • 8 Recursos adicionales
    • 8.1 En doctrina
  • 9 Legislación básica
  • 10 Legislación citada
  • 11 Jurisprudencia citada
Delimitación de la potestad reglamentaria

El art. 97 de la Constitución Española establece que el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Se trata de normas jurídicas de carácter general que, emanadas de la Administración , tienen un valor subordinado a la Ley a la que complementan, ya que las normas reglamentarias son normas jurídicas de colaboración y, por ello, es preciso diferenciar entre la regulación o normación básica de las cuestiones fundamentales que siempre corresponde a la Ley, y aquéllas otras normas secundarias pero necesarias para la puesta en práctica de la Ley, que es la función que corresponde a los Reglamentos (STS de 18 de junio de 2001 [j 1] y STS de 9 de febrero de 2004 [j 2]).

Desarrollo de la potestad reglamentaria del Gobierno

Por medio de la atribución de la potestad reglamentaria que realiza el art. 97 CE , la Administración participa en la elaboración del ordenamiento jurídico y, de esta manera, los reglamentos, las normas dictadas por las Administraciones (depositarias de la potestad reglamentaria) se integran en el ordenamiento jurídico.

La potestad reglamentaria no es un poder incondicionado y absoluto y se encuentra sometido a la Constitución y a la Ley ( arts. 97 y 103.1 CE ).

Reglamentos y actos administrativos

La distinción entre una norma reglamentaria y un acto administrativo se basa en la generalidad de las disposiciones generales , pero el hecho decisivo no consiste en que se dirija a una o varias personas, si no por su propia naturaleza y contenido.

Así, la diferencia está en que el Reglamento innova el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia, en tanto que el acto se limita a aplicar el derecho subjetivo existente (STS de 7 de julio de 2001 [j 3] y STS de 24 de febrero de 2009 [j 4]).

Características de los reglamentos

Los reglamentos, como normas generales que complementan a la Ley y la desarrollan, presentan las siguientes notas características:

  • Potestad reglamentaria: el reglamento es manifestación de la potestad reglamentaria (que la Constitución atribuye al Gobierno y los Estatutos de Autonomía a los Consejos de Gobierno, como órganos equivalentes, de las Comunidades Autónomas). Pueden dictar normas reglamentarias quienes tienen atribuida potestad para hacerlo.

El art. 128.1 LPA 39/2015 dispone que “el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales , de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local ”.

  • Límites: los reglamentos no podrán regular materias reservadas a la ley ni infringir normas con dicho rango (principios de reserva de ley y de jerarquía normativa).

El art. 128.2 LPA 39/2015 señala:

Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas , establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

Asimos, el art. 128.3 LPA 39/2015 dispone:

Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Como pone de manifiesto la propia Exposición de Motivos de la LPA 39/2015 , en los arts. 127 a 133 se recogen “los principios a los que ha de ajustar su ejercicio la Administración titular, haciendo efectivos los derechos constitucionales en este ámbito” y, así, se establecen los principios de buena regulación ( art. 128 LPA 39/2015 ), la valuación...

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