Derechos de las personas

Autor:Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso- administrativo) y Javier Fuertes (Juez sustituto)
 
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En el ámbito administrativo se conoce como derechos de las personas al conjunto de facultades que la LPA 39/2015 atribuye a favor de los ciudadanos , y que estos pueden exigir, en sus relaciones con las Administraciones Públicas .

Por ello, la rúbrica del art. 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es “derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas”.

Contenido
  • 1 Derechos de las personas: desarrollo del concepto
    • 1.1 En relación a las autoridades y el personal de las Administraciones Públicas
      • 1.1.1 Derecho a ser tratado con respeto y deferencia
      • 1.1.2 Derecho a exigir responsabilidades cuando así corresponda legalmente
    • 1.2 En relación a la forma en la que tiene que actuar el ciudadano
      • 1.2.1 Derecho a utilizar las lenguas oficiales
    • 1.3 Sobre el acceso a registros y archivos
    • 1.4 Otros derechos de las personas
      • 1.4.1 Derechos de las personas en el marco de la LPA 39/2015
  • 2 Jurisprudencia destacada
  • 3 Ver también
  • 4 Recursos adicionales
    • 4.1 En formularios
    • 4.2 En doctrina
  • 5 Legislación básica
  • 6 Legislación citada
  • 7 Jurisprudencia citada
Derechos de las personas: desarrollo del concepto

El art. 13 LPA 39/2015 atribuye una serie de derechos en sus relaciones con las Administraciones Públicas a quienes la propia Ley reconoce capacidad de obrar.

En este sentido es preciso tener presente que el art. 3 LPA 39/2015 reconoce capacidad de obrar a personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles, a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela y, cuando la Ley así lo declare expresamente, a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Derechos que, como el art. 13 LPA 39/2015 se encarga de señalar “se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo ”.

En relación a las autoridades y el personal de las Administraciones Públicas Derecho a ser tratado con respeto y deferencia

El art. 13.e) LPA 39/2015 dispone como derecho de los ciudadanos el de “ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios”.

Este derecho genérico de respeto al ciudadano se concreta en una obligación más específica al señalar el precepto que el personal público “habrá de facilitarles (a los ciudadanos) el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”.

Se recoge una configuración de los ciudadanos como usuarios (clientes) de los servicios públicos que es la desarrollada en el RD 951/2005 mediante la creación de las cartas de servicio como medio de facilitar información de una forma “clara, sencilla y comprensible para los ciudadanos” ( art. 9 RD 951/2005 y de establecer un sistema que permita recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad ( art. 14 RD 951/2005 ).

Derecho a exigir responsabilidades cuando así corresponda legalmente

Se reconoce el derecho de los ciudadanos a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente ( art. 13.e.f) LPA 39/2015 ).

Se trata de una traslación del principio recogido en el art. 106.2 de la Constitución Española de responsabilidad de la administración por los daños causados por los servicios públicos y que se integra en los arts. 32 a 37 de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público .

En relación a la forma en la que tiene que actuar el ciudadano Derecho a utilizar las lenguas oficiales

El art.13.c) LPA 39/2015 reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, previsión que, como no pude ser de otra manera, se somete a lo previsto en la propia LPA 39/2015 y en el resto del ordenamiento jurídico.

El punto de partida son las prescripciones efectuadas en el art. 3 CE que establece lo siguiente:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Trasladado a la tramitación de los procedimientos, el art. 15.1 LPA 39/2015 establece que la norma general en la Administración General del Estado es la tramitación en castellano, salvo que el interesado al dirigirse a un órgano con sede en un Comunidad que disponga de lengua cooficial opte por hacer uso de esa lengua.

No se puede pretender imponer el uso de una lengua fuera de su espacio de cooficialidad. En el ámbito de la Comunidades Autónomas es preciso acudir a las normas que regulan el uso de las lenguas cooficiales.

El derecho del ciudadano de escoger, en las Comunidades que disponen de lenguas cooficiales, la lengua del procedimiento , en virtud de lo establecido por el art 15.3 LPA 39/2015 se convierte en obligación para la Administración que adquiere los deberes de traducir al castellano los textos que deban surtir efecto fuera del territorio (salvo que se trate de otra Comunidad Autónoma que comparta esa lengua cooficial) y los dirigidos a los interesados que así lo soliciten.

Sobre el ...

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