Acuerdo de suspensión de un acto administrativo

Autor:Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso- administrativo) y Javier Fuertes (Juez sustituto)
 
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El acuerdo de suspensión de un acto administrativo es el acuerdo del órgano competente por el que, previa ponderación suficientemente razonada de los perjuicios en presencia, se adopta la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto impugnado u objeto de la revisión de oficio.

Contenido
  • 1 Adopción de la medida de suspensión de un acto administrativo
    • 1.1 Suspensión o denegación por resolución expresa de un acto administrativo
    • 1.2 Suspensión por silencio administrativo de un acto administrativo
  • 2 Medidas cautelares de suspensión de un acto administrativo
    • 2.1 Momento de adopción de la medida cautelar de suspensión de un acto administrativo
    • 2.2 Caución para la adopción de la medida cautelar de suspensión de un acto administrativo
  • 3 Comunicación de la adopción de la medida cautelar de suspensión de un acto administrativo
  • 4 Suspensión en vía administrativa y suspensión en vía contencioso – administrativa
  • 5 Ver también
  • 6 Recursos adicionales
    • 6.1 En formularios
    • 6.2 En doctrina
  • 7 Legislación básica
  • 8 Legislación citada
  • 9 Jurisprudencia citada
Adopción de la medida de suspensión de un acto administrativo

La adopción de la medida de suspensión corresponde al órgano a quien competa resolver el recurso ( art. 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ) o al órgano competente para resolver el procedimiento de revisión de oficio ( art. 108 Ley 39/2015 ). En todo caso, ese acuerdo tiene que tener presente los requisitos y supuestos establecidos en el art. 117.2 Ley 39/2015 .

Suspensión o denegación por resolución expresa de un acto administrativo

El art. 117.2 Ley 39/2015 parte del supuesto del acuerdo de suspensión de la ejecución del acto administrativo por expresa resolución del órgano competente para resolver el recurso formulado contra el acto administrativo. Se parte de la obligación de resolver ( art. 21 Ley 39/2015 ), lo que supone cumplir con los requisitos que el propio art. 117.2 Ley 39/2015 establece para ello. Así, tanto para acordar la suspensión como para denegarla, caso de haber sido solicitada por el recurrente, el órgano administrativo tiene que:

  • Ponderar los perjuicios que para las partes implicadas supone mantener o suspender el acto administrativo
  • Motivar su decisión, ya que ésta ha de ser suficientemente razonada

Ello supone que:

Las resoluciones por las que se adoptan o deniegan medidas cautelares deben contener un relato de los hechos y circunstancias concurrentes, de los que pueda inferirse la imprescindible ponderación de los intereses contrapuestos, la irreparabilidad o no del perjuicio que se causaría con la ejecución del acto o disposición administrativos y también la apariencia de buen derecho (STS de 15 de junio de 2002 [j 1]).
Suspensión por silencio administrativo de un acto administrativo

La práctica demuestra que, a pesar de que el art. 21 Ley 39/2015 establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, en ocasiones eso no sucede, de ahí que se haya establecido el efecto del silencio administrativo que, en este caso, cuenta con una regulación específica recogida en el art. 117.3 Ley 39/2015 conforme a la cual:

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente no se haya dictado resolución al respecto.

Se trata de un supuesto en el que a la inactividad de la Administración se le atribuyen efectos positivos . El transcurso del plazo sin resolver sobre la solicitud de suspensión supone el establecimiento de la medida cautelar y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado. Esta previsión supone la adopción de la medida cautelar sin que se haya analizado la concurrencia de las circunstancias que permiten suspender el acto administrativo , sin que se hayan ponderado los perjuicios y, por consiguiente, sin motivación alguna, siendo irrelevante la adopción de un acuerdo por el órgano competente con posterioridad a esa fecha (STS de 5 de junio de 2006 [j 2] y STS de 16 de septiembre de 2008 [j 3]).

En cuanto a la cuestión relativa a si es posible obtener por silencio lo que no hubiera sido posible conseguir de forma expresa y a la suspensión de un acto sin que se den las circunstancias previstas en el art. 117.2 Ley 39/2015 , parece claro que, aunque nada se diga, en ningún caso pueden obtenerse por silencio positivo facultades que vulneren el ordenamiento por ausencia de resolución expresa en plazo de treinta días hábiles. Téngase en cuenta, en este sentido, que el art. 47.1 f) Ley 39/2015 establece que:

Son nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos...

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