Ejecución en supuestos de condena al pago de una cantidad líquida
| Autor | Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso-administrativo) y Javier Fuertes (Magistrado) |
La ejecución de sentencias firmes que establezcan la obligación de la Administración de proceder al pago de una cantidad líquida plantean, en la práctica, una serie de cuestiones que pretenden resolverse desde la regulación efectuada en el art. 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) .
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Contenido
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El problema radica en que, conforme al art. 21.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP) , por su propia naturaleza y funciones:
Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas
Lo que supone el reconocimiento de una serie de prerrogativas, establecidas en el art. 23, LGP , conforme a las cuales:
- Ningún Tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
- El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal corresponderá al órgano administrativo que sea competente por razón de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- El órgano administrativo encargado del cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la forma y con los límites del respectivo presupuesto.
Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.
Escenario que se completa con la previsión efectuada en el art. 30.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas , que establece:
Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general y que el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración General del Estado o sus organismos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la LGP y en el art. 106, LJCA .
Situación que se traslada al resto de Administraciones y Haciendas públicas de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales ( art. 173 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. )
Tensión entre el principio de tutela judicial efectiva y el de legalidad presupuestariaResulta evidente que la ejecución de sentencias firmas de contenido pecuniario frente a Administraciones públicas no puede sustentarse en la simple imposición, por parte del órgano judicial que tiene la competencia y obligación de hacer ejecutar lo juzgado, de que se proceda a hacer efectivo ese pago.
El derecho a la tutela efectiva exige que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido y la ejecución de las sentencias que condenan a la Administración al pago de una cantidad de dinero da lugar a una tensión entre dos principios constitucionales: el de seguridad jurídica, que obliga al cumplimiento de las sentencias, y el de legalidad presupuestaria, que supedita dicho cumplimiento a la existencia de una partida presupuestaria asignada a ese fin. La integración de ambos principios, cualquiera que sea la forma en que se realice, no puede dar lugar a que el principio de legalidad presupuestaria deje de hecho sin contenido el derecho al cumplimiento de las sentencias que forma parte del derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales consagrado en el artículo, ni puede obstaculizar el control jurisdiccional de la ejecución de las sentencias exigido también constitucionalmente y en ningún caso el principio de legalidad presupuestaria puede justificar que la Administración posponga la ejecución de las sentencias más allá del tiempo necesario para obtener, actuando con la diligencia debida, las consignaciones...
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